Las políticas populistas de Morena incrementaron el déficit y junto a la creciente deuda de Pemex mantiene en vilo el futuro de milllones de familias
CIUDAD DE MÉXICO.– El margen de maniobra económica de México se ha reducido a su nivel más peligroso en décadas, colocando al país al borde de perder el grado de inversión si el gobierno federal no logra frenar el deterioro fiscal y la parálisis económica en los próximos meses. Las recientes rebajas y advertencias de agencias como Moody’s, S&P Global y Fitch Ratings exponen una cruda realidad: el país gasta mucho más de lo que recauda, mantiene vivas de forma artificial a empresas estatales que colapsan y enfrenta una severa desaceleración que congela los ingresos tributarios. El impacto directo para los ciudadanos se sentirá de inmediato en los bolsillos, ya que una pérdida de confianza internacional depreciará el peso mexicano frente al dólar y disparará con fuerza el costo del dinero, encareciendo los créditos hipotecarios, automotrices y las tarjetas de crédito debido al inminente aumento de las tasas de interés.
Esta tormenta financiera se originó por la decisión gubernamental de mantener un déficit público elevado, cercano al 4.9% del Producto Interno Bruto, impulsado por una política de gasto sumamente rígida que prioriza las transferencias sociales y los subsidios masivos. Al carecer de una reforma fiscal profunda que formalice la economía e incremente la recaudación, el Estado ha recurrido al endeudamiento constante para cubrir sus brechas. Esta estrategia hoy choca de frente con las altas tasas de interés internacionales, un factor que provocará que el pago de puros intereses de la deuda devore más del 15% de los ingresos totales del gobierno hacia el cierre de la década.
El panorama se agrava por el estancamiento de la economía nacional, la cual arrastra contracciones y un crecimiento promedio que apenas rozará el 1% este año, un ritmo insuficiente para estabilizar las finanzas públicas. A este freno productivo se suma el millonario costo de rescate operativo asignado a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, corporaciones cuyas calificaciones crediticias reprobadas contaminan directamente el balance de la deuda soberana.
En la base de este problema se encuentra la incertidumbre institucional generada por las reformas regulatorias locales, un factor que mantiene contenida la inversión privada nacional y extranjera que el país requiere para capitalizar tendencias globales de comercio. Al mismo tiempo, la cercanía de las complejas negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos inyecta volatilidad a las cadenas de valor, dejando al país expuesto a salidas masivas de capitales extranjeros en caso de que los fondos de inversión internacionales se vean obligados, por mandato interno, a retirar sus activos de un mercado que pierda su estatus de grado de inversión.
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