La efectividad de la seguridad pública no se mide únicamente en el despliegue de patrullas, cámaras de vigilancia o número de arrestos; la confianza que tiene la ciudadanía en sus autoridades juega un papel crucial. Sin embargo, en México este lazo sigue debilitándose debido a los altos índices de corrupción y la baja satisfacción gubernamental.
Así lo advirtió el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, con base en los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del INEGI. Los datos muestran cómo la desconfianza institucional y las prácticas corruptas impactan negativamente la percepción ciudadana y el acceso a la justicia.
El panorama nacional: Policías reprobados y altos costos de corrupción
De acuerdo con el informe, las instituciones policiacas a nivel local enfrentan un severo problema de credibilidad. Solo el 27.9% de los mexicanos está satisfecho con la policía de su ciudad. Si bien una parte de la población percibe disposición de ayuda en los agentes, apenas el 35.3% considera que su presencia realmente genera un entorno seguro.
Por otro lado, los partidos políticos registran los peores niveles de credibilidad, con una confianza de apenas el 23.9%.
En el ámbito de la corrupción, el país rompió una tendencia a la baja que venía registrando en años previos:
- Aumento de víctimas: Durante el periodo evaluado, la tasa nacional de víctimas de corrupción ascendió a 15,642 personas por cada 100,000 habitantes.
- El trámite más corrupto: El contacto directo con las autoridades de seguridad pública encabezó la lista de opacidad, acumulando el 63.5% de los reportes de corrupción.
- Impacto económico: Este problema costó al país una cifra estimada en 17,707 millones de pesos, lo que representa un golpe directo al bolsillo de las familias, con un gasto promedio de 3,865 pesos por víctima.
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