Justicia en venta en Querétaro: Redes de corrupción, nepotismo y operadores políticos

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Desliz || Gildo Garza

En Querétaro, la toga se alquila, se intercambia por favores políticos, y la balanza de la justicia se inclina al peso del compadrazgo. Gilberto Herrera Ruiz, ex senador, ahora diputado federal y manejador de los programas federales y hoy operador de sí mismo, pretende apoderarse del sistema judicial como si fuera un tenderete más de Morena. Con varios procesos judiciales abiertos —que obran en los registros del sistema de consulta del Poder Judicial de la Federación—, el académico devenido cacique juega a la impunidad mientras extiende sus tentáculos desde la Universidad Autónoma de Querétaro.

El sistema judicial en Querétaro bajo el control político

A su lado, el fiel escudero: José María Manríquez Huerta, y su hermano, abogados que lo ha salvado en cada charco legal. Manríquez, operador electoral y asesor con doble nómina —Senado y Cámara de Diputados— es la clase de jurista que no defiende causas, sino jefes. Mientras cobraba como asesor en el Congreso, representaba a Morena ante las autoridades electorales y fungía como escudero jurídico en Querétaro. Todo esto se puede constatar en los registros de transparencia de ambas Cámaras y en el directorio del IEEQ.

Ahora lo postulan como candidato a magistrado. Un magistrado que no representa la independencia judicial, sino la dependencia partidista. ¿Puede alguien así garantizar justicia? ¿O será más bien un gerente de intereses, un abogado sin causa que legisla con el hígado y sentencia con la billetera?

Santiago Nieto y su apuesta por María Pérez Cepeda

Pero Herrera Ruiz no actúa solo. Del otro lado del tablero, Santiago Nieto Castillo —quien fue titular de la UIF y terminó embarrado en más escándalos que sentencias— también juega sus piezas. Su apuesta se llama María Pérez Cepeda, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Con un discurso barnizado de feminismo, presume representar a la mujer queretana… mientras en casa convive con un agresor en potencia: su esposo, el abogado Héctor Herrera Alcocer.

Denuncias, empresas fantasma y vínculos familiares

Herrera Alcocer no es cualquier abogado. Es doctor en Derecho, pero también, según diversas denuncias que obran en la Fiscalia General de Justicia de Querétaro y reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia, está vinculado con una red de despojos patrimoniales: falsificación de escrituras, extorsión, amenazas, acoso judicial. Y como si no bastara, aparece como socio de múltiples empresas fantasma que reciben contratos de dependencias como el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Estatal de Aguas. Basta con consultar el portal de contrataciones abiertas y el padrón de proveedores para rastrear esas huellas.

La pregunta es sencilla: ¿esto es justicia o es una junta de negocios disfrazada de tribunal?

La escena es grotesca. Dos caudillos de Morena repartiéndose la justicia, dos redes paralelas tejidas entre universidades, juzgados, partidos y contratos públicos. ¿Qué defensa de las víctimas puede haber donde reina el tráfico de influencias? ¿Qué legalidad puede brotar de quienes hacen de la ley su servilleta?

Querétaro, ese estado que alguna vez presumió de pulcritud institucional, hoy es rehén de una red donde la toga se lava en casa, el mazo se intercambia como fichas, y la ley es lo de menos.

Por estas personas… ¿vas a votar, queretano?

¿Cómo va a defender el porro-regidor a esta red inmobiliaria y de despojos? ¿Cómo va a salir en defensa, esta vez, el decrépito ebrio peruano de su mecenas?

Los que siguen…

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